Contribución colectiva de organizaciones de la sociedad civil cubana al Examen Periódico Universal de la República Bolivariana de Venezuela

La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), mediante esta contribución escrita, desea hacer referencia al tema de la Promoción y protección de los derechos humanos sobre el terreno en la República Bolivariana de Venezuela.

Los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los ciudadanos venezolanos y su pueblo en general están garantizados por la Constitución vigente de la República, en su Título III, denominado “De los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes”.
La democracia participativa que hoy ejerce el pueblo venezolano es la evidencia del respeto a los derechos civiles y políticos. Los ciudadanos tienen garantizado su derecho de elegir libremente a las autoridades y el sufragio es libre, universal, directo y secreto. Ejemplo de ello han sido los cerca de 20 procesos electorales que se han efectuado, destacando el más reciente, del 6 de diciembre de 2015, donde los venezolanos y venezolanas pudieron elegir libremente a sus representantes en la Asamblea Nacional. Asimismo, han sido parte de importantes procesos de consultas populares, como fue la reciente discusión del Proyecto de Plan Nacional de Derechos Humanos 2016-2020, que constituyóun amplio proceso de construcción colectiva y es un ejemplo para el resto de las naciones, por la participación del pueblo en la defensa y promoción de sus derechos humanos.
El gobierno venezolano vela por el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de las venezolanas y venezolanos, a partir de la responsabilidad adquirida, según la Constitución, de garantizar el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y crear las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual, en atención a los principios de inclusión e igualdad. En ese sentido, la ACNU destaca el papel que han desempeñado las misiones sociales, como órganos de ejecución de las políticas públicas que posibilitan el acceso del pueblo venezolano a derechos fundamentales, tales como: la educación, la salud, la alimentación, la identidad, el trabajo, la cultura, la práctica de deportes, la inclusión social, con énfasis en los sectores más frágiles, como las mujeres, los niños y las niñas. Han sido creadas 42 misiones sociales que han permitido, de manera general, el mejoramiento del país en los diferentes indicadores socio-económicos existentes.
La Constitución venezolana reconoceen su artículo 81 a las personas con discapacidad, como sujetos de derechos en igualdad de condiciones y están protegidas por la Ley para las Personas con Discapacidad. La aplicación de esta norma jurídica permite su desarrollo integral, de acuerdo con sus capacidades, y su integración como ciudadanos y ciudadanas plenos de derechos en la sociedad y la familia. A su vez, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social establece disposiciones sobre la atención a estas personas, en las que se tiene en cuenta la entrega de viviendas, la búsqueda y creación de empleos y el acceso a la educación y la salud. Ejemplo de esto, lo constituye la Gran Misión “José Gregorio Hernández” que ha ejecutado políticas sociales integradoras, que brindan atención gratuita y fomentan los derechos de más de 300 mil personas con discapacidad.
Los niños, niñas y adolescentes venezolanos tienen garantizado el acceso a la alimentación, la educación, la salud, la recreación, la cultura, el deporte, la seguridad social y a la tecnología. La Ley Orgánica para la protección de niños y adolescentes establece el ordenamiento jurídico para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño.
La Ley Orgánica de educación ha posibilitado a todos los niños y niñas el acceso de manera universal a la enseñanza. A su vez, la misión “Niños y niñas del barrio” atiende a los pequeños con problemas sociales y familiares; mientras que la misión “Niño Jesús” ha influido en el descenso de la tasa de mortalidad infantil de menores de 5 años a 12,9 por cada mil nacidos vivos[1], debido a la implementación de proyectos enfocados en el mejoramiento de la calidad de vida de los infantes y sus madres.
La ACNU elogia la labor del gobierno venezolano por la implementación de la misión “Identidad”, que ha beneficiado a niñas y niños indígenas, campesinos y de los sectores más humildes de Venezuela, lo que se ha traducido en que cada niño y niña al nacer tenga una cédula de identificación y que los registros de nacimiento se hagan en los propios centros de salud, tanto públicos como privados.
La Asociación desea destacar la cobertura dada a los niños y niñas por el Gobierno Bolivariano a través de los programas de alimentación y nutrición, que han sido creados, lo que ha permitido la reducción de los niveles de desnutrición infantil.
La Constitución venezolana consagra en sus artículos la igualdad entre las mujeres y los hombres en todas las esferas de la vida, así como la protección de los derechos humanos de las mujeres. La ACNU desea reconocer la participación y empoderamiento de las mujeres venezolanas en el proceso revolucionario de ese país y que se evidencia con el aumento de su presencia en la dirección del gobierno.
Los derechos de la mujer están garantizados a través de un mecanismo constituido por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género y el Instituto Nacional de la Mujer. Ejemplo de ello ha sido la implementación de la misión “Madres del Barrio” donde las mujeres de familias pobres son ayudadas por el gobierno con una subvención temporal, con el fin de que puedan atender a su familia y se incorpore a la actividad económica del país.
La Revolución Bolivariana ha sido una de las naciones donde más han disminuido los índices de pobreza extrema, debido a que las políticas gubernamentales han posibilitado una mejor distribución de los recursos, mayor acceso al empleo, programas de educación y salud gratuitas y la entrega de 1 millón 4 mil trescientas sesenta y una viviendas[2] con sistemas garantizados de saneamiento y acceso a agua potable.
El gobierno venezolano continúa trabajando para lograr la seguridad de todas las personas en el país, como derecho de todos sus ciudadanos y ciudadanas. En ese sentido, la ACNU declara su respaldo al gobierno venezolano en su obligación de luchar, enjuiciar y sancionar a quienes promueven, apoyan y son partícipes de las olas de violencia (guarimbas) que en los últimos dos años han sacudido al país.
Por otra parte, la ACNU muestra su preocupación por la situación que vive Venezuela debido a las acciones de los acaparadores, traficantes y las cadenas distribuidora de alimentos, que han impedido el acceso pleno de los venezolanos a la alimentación. Hemos sido testigo del trabajo que ha realizado el gobierno venezolano para revertir esa situación y brindarle el acceso pleno y sin dificultades a la alimentación a todo el pueblo.
La ACNU reconoce que el gobierno bolivariano trabaja arduamente para proteger los derechos de los trabajadores venezolanos. Las políticas gubernamentales han potenciado el empleo, la creación y puesta en funcionamiento de numerosos programas de atención y protección sociales que aseguran el resguardo de sus derechos
La Defensoría del Pueblo ha continuado su labor como órgano independiente de vigilancia y defensa de los derechos humanos. De esa manera, se garantiza el cumplimiento de los compromisos internacionales y del ordenamiento jurídico de Venezuela, en cuanto a los derechos fundamentales de las personas. La Defensoría del Pueblo constituye hoy en día un sólido sistema institucional, al servicio del ciudadano, encargado de la investigación y la sanción de las violaciones a los derechos humanos en ese país.
La ACNU expresa su satisfacción por la cooperación internacional entre la República Bolivariana de Venezuela y la República de Cuba, basada en los principios del derecho internacional, en el respeto mutuo y la solidaridad, en aras de lograr sociedades más justas, humanas y cultas en nuestros respectivos países, en la construcción de modelos de desarrollo sostenible, en la que participan decididamente nuestros pueblos. Las organizaciones de la sociedad civil cubana firmantes de esta contribución reconocen los importantes esfuerzos y resultados alcanzados en la sociedad venezolana en los últimos 15 años, derivados directamente de las iniciativas y políticas públicas aplicadas por el gobierno bolivariano y les exhortamos a continuar perfeccionando la sociedad que construyen, que es responsabilidad exclusiva del gobierno y pueblo venezolanos.