Desde la década de los 60´ es evidente la voluntad política del Estado cubano de realizar diferentes acciones en función del reconocimiento y garantía de los derechos sexuales, lográndose mayores avances en los temas relativos al aborto, la maternidad y paternidad, prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y del virus de inmunodeficiencia humana (VIH), así como en lo relativo al acceso a los servicios de salud e información sexuales. En el último decenio ha sucedido de igual modo en el caso de los derechos sexuales que abordan las esferas de la sexualidad humana referida a la orientación sexual e identidad de género. Estos temas ocupan un lugar importante en la agenda política.

El artículo 42 de la Carta Magna puntualiza que“La discriminación por motivo de raza, color de la piel, sexo, origen nacional, creencias religiosas y cualquier otra lesiva a la dignidad humanaestá proscrita y sancionada por la Ley (…), lo cual impacta necesariamente a todo el ordenamiento jurídico cubano. Resulta importante destacar la norma jurídica en materia laboral, la que en su artículo referido a la igualdad prohíbe expresamente la discriminación por orientación sexual y por género, protegiendo entonces a mujeres lesbianas y trans ante cualquier posible vulneración en estos espacios. Los estatutos que regulan el funcionamiento de la Federación de Mujeres Cubanas contempla igualmente la no discriminación por motivo de la orientación sexual.

Desde hace mas de 10 años las organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado han generado e impulsado espacios para el empoderamiento de mujeres lesbianas, bisexuales y trans. El Centro Nacional de Educación Sexual organiza y coordina la Red de Mujeres Lesbianas y Bisexuales y la Red de Personas Trans, con grupos en todas las provincias del país.

La Resolución 126 de 4 de junio de 2008, emitida por el Ministerio de Salud Pública, crea la Comisión Nacional de Atención Integral a Personas Transexuales (CNAIPT), cuyas funciones son:

-      la  elaboración, implementación y coordinación de la política nacional de atención integral a personas transexuales,

-      la promoción de la mencionada atención,

-      la aprobación, de acuerdo a los criterios de elegibilidad y disponibilidad contenidos en los protocolos de actuación para el tratamiento, la pertinencia o no de la cirugía de reasignación sexual,

-      direccionar metodológicamente el funcionamiento del Centro de Atención a la Salud Integral de las personas transexuales,

-      promover investigaciones que coadyuven al desarrollo del conocimiento científico multidisciplinario sobre la transexualidad.

Mediante esta misma resolución se crea el Centro de Atención a la Salud Integral de las personas transexuales, con el objetivo básico de brindar los servicios de salud integral que incluye el estudio, tratamiento, investigación asistencial y seguimiento a las personas transexuales. Vale destacar que lo relativo a este centro aún no se encuentra completamente implementado, pues aunque la atención a la salud integral se brinda, no se realiza de modo concentrado en una única unidad asistencial.

Como se colige de lo anterior, en esta norma hallan clara garantía de orden material e institucional los derechos sexuales relativos a la libertad sexual, la autonomía, integridad y seguridad sexuales así como la educación y atención de salud sexuales de forma universal y gratuita. A través de las condiciones que crea esta disposición se asegura la posibilidad de expresar física y emocionalmente la sexualidad tal y como desean las personas transexuales, así como la evidente capacidad de decidir sobre los cambios que implican las cirugías de reasignación sexual sobre los cuerpos. Asimismo el acceso de modo gratuito y universal a la atención de salud sexual se encuentra debidamente asegurado a través de ambas estructuras, la Comisión y el Centro.

Desde la década del 70 en Cuba se implementa el Programa Cubano de Educación Sexual, actualmente denominado Programa Nacional de Educación y Salud Sexual y objeto de un proceso de perfeccionamiento que ha conducido a espacios de debates para generar consensos científicos en cuanto a su contenido.

El mencionado Programa tiene como objetivo articular las estrategias relativas a la Educación Integral de la Sexualidad a los niveles nacional, provincial, municipal y comunitario en una plataforma intersectorial, multidisciplinaria y participativa con enfoque de género  y de derechos.

Resulta importante mencionar algunos de sus objetivos:

-      Potenciar el acceso a toda la población a una educación de la sexualidad de calidad a lo largo del curso de la vida, basada en derechos humanos y con enfoque de género y diversidad.

-      Contribuir a la atención integral de la salud sexual y reproductiva de la población a lo largo del curso de la vida, con énfasis en la reducción de las condiciones de vulnerabilidad y en los grupos con necesidades especificas, por ejemplo: mujeres lesbianas y trans.

-      Fomentar el reconocimiento, garantía, ejercicio y respeto pleno de los derechos sexuales y reproductivos en Cuba.

-      Fortalecer la capacidad de generación de información de calidad e investigación científica en educación integral de la sexualidad y promoción de salud sexual y reproductiva como mecanismo para la toma de decisiones políticas y técnicas a todos los niveles.

-      Fortalecer los mecanismos para la prevención y atención de la violencia con enfoque de género, orientación sexual e identidad de género.

No obstante los avances apuntados, existen desafíos que deben ser asumidos, tanto por Estado como por las diferentes organizaciones de la sociedad civil. La dinámica social actual se muestra favorable: está siendo sometido a procesos de análisis y discusión, las propuestas para las modificaciones al Código de Familia vigente entre las que destaca el reconocimiento legal de las uniones de personas del mismo sexo, con efectos de índole personal y patrimonial similares a los del matrimonio, asimismo se encuentran sometidas a discusión otras normas jurídicas de relevancia como el Código Penal y la ley de procedimiento para esta materia. 

El tema no queda, en ninguna medida, zanjado. Este será posiblemente el inicio de muchas otras discusiones y análisis, que a su vez han sido precedidas por otros tantos procesos de debate e intercambio crítico, transformadores, revolucionarios. Sin embargo, la ruta crítica se visibiliza ahora con más claridad, se trata de erguirse sobre las bases que se han construido desde la voluntad política del Estado cubano y continuar fortaleciendo las políticas sociales y normas jurídicas en estos temas, todo esto, con el impulso de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas en este bregar.

Por Manuel Velázquez